DICEN las encuestas que una amplia mayoría favorece el aumento de penas contra los menores de edad, pero los políticos y las autoridades saben muy bien que no se puede gobernar solo por encuestas. Esto es porque las encuestas son instrumentos que se utilizan para formar opinión pública y se pueden utilizar bien, o se pueden utilizar mal.
Un sondeo puede preguntar, por ejemplo, si se debe o no crear un impuesto, establecer un nuevo delito, o disminuir algún beneficio de la seguridad social. Pero ningún gobierno actuará de modo inmediato sobre la base de los resultados que arroje la investigación. No lo hará, no porque la ciudadanía no tenga una opinión al respecto, pues, por lo general, la tiene y de una manera muy emotiva, sino porque este tipo de opiniones son el resultado de crear una dicotomía que la práctica desmiente.
Si se hiciera un estudio de opinión, como esos que normalmente se hacen a partir de 1,200 entrevistas, y se le preguntara a los encuestados si quiere pagar más impuestos, o recibir menos beneficios del seguro social, la respuesta sería abrumadoramente en contra. Cada vez que se publica un sondeo y se interroga a la ciudadanía sobre los privilegios de que gozan ciertas autoridades (consumo de gasolina, exenciones de impuestos, uso de bienes del Estado), el público se pronuncia de una manera apabullante a favor de eliminar los privilegios. La respuesta del sistema político frente a este tipo de opiniones masivas consiste en señalar que estos temas están sustraídos del dominio popular.
Por el contrario, hay otros temas que sí pertenecen, legítimamente, al ámbito de la decisión ciudadana, por ejemplo, la aprobación o no de una reforma constitucional. Pero cuando en Panamá se sometió a referendo una reforma de la Constitución en 1992, que tenía como propósito principal eliminar la institución del ejército, el resultado de la consulta fue el rechazo a la propuesta. Se dieron muchas razones para justificar y explicar el predominio del voto negativo.
Se dijo que la gente no leyó el texto reformatorio, sino que votó contra el gobierno. Se dijo que si la gente leyó la propuesta antes de votar, entonces no la entendió, probablemente porque era muy larga, tenía muchos artículos, y era complicada. Se dijo que hubo poca asistencia a las urnas y que quien ganó fue la apatía. Se dijo que el fracaso se debió a la división que ya se percibía entre distintas fuerzas gubernamentales, entre las cuales había algunas que no favorecían el proyecto.
Lo cierto es que la mayoría de las normas rechazadas en el referendo de diciembre de 1992 fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en 1994. La lectura que se hizo de los comicios de 1992 fue que el rechazo no estaba dirigido contra las normas mismas, pues no había (ni hay ahora) ninguna fuerza política, o social, que se haya propuesto restituir el valor político de la fuerza militar como lo había dispuesto el entramado constitucional de la Carta de 1972. Sin duda alguna, la perspectiva del tiempo transcurrido nos dice que hoy es mejor contar con las reformas introducidas en 1994 que no tenerlas.
El sentir de la opinión pública es pues como la epidermis, que se presta tanto para ser contemplada como para ser analizada. ¿Qué significa realmente la opinión favorable de la ciudadanía sobre el aumento de las penas a los menores de edad? Significa que hay una preocupación dominante por la seguridad, que existe una percepción de que el Estado no provee ninguna alternativa eficaz al encierro como medida de control.
El ciudadano no tiene por qué ser un experto en ingeniería del sistema penal y solo emite juicios aprobatorios o de rechazo a lo que "siente" que el sistema le ofrece. Los políticos (los que son elegidos mediante el voto) y las autoridades (particularmente las del sector justicia) tienen la obligación de dar una respuesta coherente a las preocupaciones ciudadanas, de forma no servil, sino sensitiva a las manifestaciones públicas.
Su deber es atender el reclamo ciudadano e interpretarlo dentro de los principios y conceptos del Estado de derecho. Si se desatara de pronto una opinión creciente a favor de la pena de muerte (ha habido brotes en el pasado reciente), el gobierno no puede adoptar un papel pasivo y proceder a ejecutar a los infelices.
Es verdad que hay una serie de respuestas a la criminalidad leve y a la grave, que están consignadas en el texto de la Ley 40 y no han sido puestas en práctica con energía. A partir de esa baja intensidad de la aplicación de la ley penal especial, se han incrustado una serie de mitos, falacias y falsedades acerca de la criminalidad de los adolescentes, que, sobre los hombros de las encuestas, periódicamente cobran cierto protagonismo en los medios de comunicación.
La únicas respuestas sensatas al problema de la seguridad consisten en reforzar la aplicación de la ley (lo cual implica revisar procedimientos y prácticas institucionales) y mejorar la prevención del delito (que es un problema relativo a la gestión de los entes públicos y no a las normas abstractas que los regulan).
Más allá de las respuestas oficiales, la ciudadanía debe activarse e involucrarse, a través de organismos no gubernamentales, medios de comunicación y foros públicos, en la discusión de estos temas, pues una modificación de la ley que esté orientada solamente al aumento de penas contra los menores sería la forma más fácil de no hacer nada sobre el verdadero problema de la inseguridad.
Una sociedad civil decidida a asumir sus responsabilidades podría cambiarle la faz a este grave problema y podría lograr la inclusión de otras preguntas en la agenda pública. Tal vez este cambio se refleje en la próxima encuesta y se esclarezca el contenido de una causa muy popular.
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El Panamá América, Martes 12 de septiembre de 2006
